La reforma previsional del gobierno de Gabriel Boric continúa despertando preocupación y críticas por parte de economistas y expertos en la materia. La iniciativa, que agrega un 6% adicional de cotización, es vista como un riesgo para los ahorros de los trabajadores chilenos, con voces destacadas como la de Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile y exasesor del gobierno de Michelle Bachelet, advirtiendo que la reforma no es suficiente para mejorar las pensiones.
La distribución del 6%: alejándose de las cuentas individuales
La propuesta del gobierno, defendida por el ministro de Hacienda Mario Marcel, plantea que solo un 2.1% del 6% adicional se destinará directamente a las cuentas individuales de los trabajadores, mientras que el resto se distribuirá de manera que, según Ramos, no garantiza el beneficio pleno de los cotizantes futuros. Ramos subrayó que esta medida no asegura que los fondos realmente beneficien a quienes han trabajado y cotizado toda su vida. El resto de la cotización se divide entre un Fondo Colectivo de Reparto (1%) y un Préstamo Reembolsable al Estado (2%), lo que genera preocupación sobre la protección efectiva de los ahorros de los trabajadores.
Préstamo al Estado: “Chutear el problema hacia adelante”
Uno de los aspectos más cuestionados de la reforma es la asignación del 2% de la cotización adicional como un aporte reembolsable al Estado. Este monto, que debería ser devuelto al trabajador al momento de la jubilación con un interés del 2%, es señalado por Ramos como insuficiente. En su crítica, destaca que este retorno “es considerablemente menor que el 4% que generan actualmente los fondos en las cuentas individuales,” lo que implica una pérdida potencial para los trabajadores. Además, existe una preocupación por el conflicto de intereses, dado que el Estado es responsable de fiscalizar esta devolución.
Las propuestas del economista Bernardo Fontaine
Las preocupaciones de Ramos resuenan con otras voces críticas, como la de Bernardo Fontaine, economista y exconvencional. Fontaine ha sido un opositor firme de la reforma previsional de Boric, destacando que “nuevamente, el 6% no es de los trabajadores”. Fontaine sugiere que “toda la cotización adicional debe ir directamente a las cuentas individuales”, sin pasar por el Estado. Además, propone un conjunto de reformas estructurales:
• Subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250.000 pesos, anclándola a la línea de la pobreza, para asegurar un ingreso mínimo para todos los jubilados.
• Préstamo al Estado no superior al 1%, con condiciones claras: inversión garantizada, con rentabilidad en UF más un 2% o 3% y con una devolución asegurada.
• Igualar las pensiones de hombres y mujeres que han acumulado el mismo ahorro.
• Abrir el sistema a la competencia, incluyendo la creación de una AFP estatal y permitiendo que más administradores ingresen al mercado, lo que, según Fontaine, mejoraría la eficiencia y la rentabilidad de los fondos.
• Simplificar el sistema de comisiones para que esté basado en la rentabilidad, eliminando la complejidad del actual sistema de carteras de referencia propuesto por el gobierno.
• Mejorar la información disponible para los cotizantes, asegurando que puedan tomar decisiones más informadas sobre sus ahorros y su futuro previsional.
Fontaine argumenta que estos cambios no solo protegerían mejor los ahorros de los trabajadores, sino que también simplificarían el sistema, haciéndolo más transparente y accesible para todos.
Un futuro incierto para los trabajadores chilenos
La propuesta de reforma previsional del gobierno de Boric, que se presenta como un paso hacia la justicia social, está siendo cada vez más cuestionada por economistas que ven en ella un peligro para los ahorros de los trabajadores. Con críticas provenientes de figuras como Joseph Ramos, un economista con experiencia en gobiernos de izquierda, y Bernardo Fontaine, un defensor de la libertad de elección en los fondos de pensiones, la reforma enfrenta una creciente desconfianza y el temor de que, en lugar de fortalecer el sistema, pueda debilitarlo, sacrificando el bienestar futuro de millones de chilenos.
