La Facultad de Derecho de la Universidad Católica ha suspendido a Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, de todas sus actividades docentes debido a una investigación en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho.

La medida adoptada por la UC tiene como objetivo garantizar la transparencia y salvaguardar la reputación de la institución académica en medio del escándalo que involucra a una de sus profesoras más destacadas: Ángela Vivanco, quien ejercía como docente en la Facultad de Derecho de la UC.

La investigación, liderada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer, se centra en las intervenciones indebidas por parte de Vivanco, en la selección de jueces para favorecer a ciertas partes en un recurso de protección relacionado con la minera Codelco. El trasfondo de esta investigación se vincula también con la reciente polémica conocida en el denominado caso Audio, que involucra a múltiples figuras públicas debido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, quien habría jugado un rol clave en la designación de Ángela Vivanco en la Corte Suprema, donde las sospechas de irregularidades en la tramitación judicial han llevado a que su conducta sea revisada en profundidad por el Ministerio Público.

La Facultad de Derecho de la UC señaló en un comunicado oficial: “Reafirmamos nuestro compromiso con los más altos estándares éticos, indispensables para la efectiva vigencia del Estado de Derecho”.

Este caso ha generado una gran controversia, particularmente por la aparente colusión entre autoridades judiciales y actores externos, poniendo en cuestión la integridad del sistema judicial chileno. Desde la Universidad Católica, se subrayó la importancia de actuar de acuerdo con los principios éticos que la rigen, mientras se espera el avance de las investigaciones para determinar la culpabilidad o inocencia de Vivanco.

Durante las Fiestas Patrias, muchos trabajadores en Chile se preguntan si es obligatorio recibir un aguinaldo por parte de sus empleadores. En el sector privado, no existe una ley que obligue a las empresas a entregar este beneficio. El aguinaldo solo es obligatorio si está estipulado en el contrato de trabajo o en un acuerdo colectivo. Sin embargo, en el sector público, sí se regula por la ley 21.050, estableciendo montos específicos que dependen del sueldo de los funcionarios.

Para los trabajadores del sector privado, el aguinaldo podría ser considerado un “derecho adquirido” si se ha entregado de manera constante durante varios años, aunque esta interpretación dependerá del contexto y podría requerir intervención judicial para su reconocimiento. El aguinaldo no es un derecho automático, sino un beneficio adicional que las empresas pueden decidir otorgar o no.  Según un estudio de Mercer Chile, el monto promedio del aguinaldo en empresas privadas será de $210.881 para este año. Otra encuesta de Randstad señala que un 37% de trabajadores recibiría entre $50.000 a $90.000, mientras que apenas un 9% espera obtener sobre $180.000.

Por otro lado, es importante que los trabajadores revisen sus contratos o acuerdos colectivos, ya que en algunos casos, la entrega de aguinaldo puede estar pactada explícitamente. Los empleadores que han entregado aguinaldo por varios años consecutivos deben estar atentos, ya que la jurisprudencia podría interpretarlo como un derecho adquirido para los trabajadores, generando potenciales conflictos laborales si se decide suspender dicho pago.

En conclusión, el aguinaldo no es un derecho garantizado por ley para el sector privado, salvo que esté formalmente acordado, mientras que en el sector público, su entrega está claramente regulada por las normas vigentes.

Ante la inminente amenaza de una nueva ola migratoria desde Venezuela, los diputados UDI Juan Manuel Fuenzalida y Felipe Donoso han solicitado al gobierno cerrar temporalmente la frontera norte de Chile. Los parlamentarios enfatizan la necesidad de proteger la seguridad del país y evitar una crisis humanitaria interna, considerando que la dictadura de Nicolás Maduro podría provocar que entre 200 mil y 300 mil venezolanos intenten ingresar a Chile.

La propuesta de los diputados surge en respuesta a la creciente incapacidad de las autoridades para gestionar la situación migratoria actual, con más de 20 mil extranjeros con órdenes de expulsión pendientes. Fuenzalida destacó que el cierre de la frontera es una medida crucial para prevenir un colapso del sistema social y de seguridad en las regiones del norte, ya afectadas por la delincuencia y el tráfico ilegal.

Felipe Donoso, por su parte, aseguró que el país no puede seguir aceptando un flujo migratorio descontrolado que pone en riesgo a los chilenos. “La prioridad debe ser siempre la protección de nuestros ciudadanos”, afirmó, reiterando la urgencia de tomar medidas inmediatas para reforzar la seguridad nacional y garantizar la paz en las comunidades fronterizas.

Ambos diputados hicieron un llamado al Ejecutivo a actuar con firmeza y rapidez, considerando que otros países de la región ya están tomando decisiones similares para controlar el flujo migratorio y proteger su soberanía.