Durante las Fiestas Patrias, muchos trabajadores en Chile se preguntan si es obligatorio recibir un aguinaldo por parte de sus empleadores. En el sector privado, no existe una ley que obligue a las empresas a entregar este beneficio. El aguinaldo solo es obligatorio si está estipulado en el contrato de trabajo o en un acuerdo colectivo. Sin embargo, en el sector público, sí se regula por la ley 21.050, estableciendo montos específicos que dependen del sueldo de los funcionarios.

Para los trabajadores del sector privado, el aguinaldo podría ser considerado un “derecho adquirido” si se ha entregado de manera constante durante varios años, aunque esta interpretación dependerá del contexto y podría requerir intervención judicial para su reconocimiento. El aguinaldo no es un derecho automático, sino un beneficio adicional que las empresas pueden decidir otorgar o no.  Según un estudio de Mercer Chile, el monto promedio del aguinaldo en empresas privadas será de $210.881 para este año. Otra encuesta de Randstad señala que un 37% de trabajadores recibiría entre $50.000 a $90.000, mientras que apenas un 9% espera obtener sobre $180.000.

Por otro lado, es importante que los trabajadores revisen sus contratos o acuerdos colectivos, ya que en algunos casos, la entrega de aguinaldo puede estar pactada explícitamente. Los empleadores que han entregado aguinaldo por varios años consecutivos deben estar atentos, ya que la jurisprudencia podría interpretarlo como un derecho adquirido para los trabajadores, generando potenciales conflictos laborales si se decide suspender dicho pago.

En conclusión, el aguinaldo no es un derecho garantizado por ley para el sector privado, salvo que esté formalmente acordado, mientras que en el sector público, su entrega está claramente regulada por las normas vigentes.

El crecimiento económico de Chile se encuentra en uno de sus puntos más bajos en las últimas décadas. Basado en datos del IPoM del Banco Central (Instituto de Política Monetaria), la proyección de crecimiento según CLAPES UC para el gobierno de Gabriel Boric es de 1,7%, el más bajo desde el retorno a la democracia. Esta cifra contrasta con el 7,4% alcanzado durante el gobierno de Patricio Aylwin y el 5,4% en el primer mandato de Sebastián Piñera.

Este bajo rendimiento económico no es un fenómeno aislado. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, el crecimiento fue de un 3,5%, disminuyendo a 1,8% en su segundo mandato. Asimismo, Sebastián Piñera logró un 2,5% en su segundo período, casi duplicando la proyección actual del gobierno de Boric.

La falta de crecimiento económico trae consecuencias directas para los chilenos: menos empleos, menores ingresos para el Estado y menos recursos para políticas públicas que mejoren la calidad de vida. A diferencia de periodos anteriores, la actual administración enfrenta una tarea monumental para revertir esta tendencia y estimular la economía del país.

Con estas cifras en mente, el país debe reflexionar sobre las políticas económicas que se están implementando y buscar medidas que permitan un crecimiento sostenido, que genere empleo y mejores sueldos para todos los chilenos.

En un giro sorprendente durante el debate de la Ley de Pesca, el Frente Amplio ha propuesto una indicación para proteger el “bienestar físico y mental” de los animales acuáticos sintientes. ¿Estamos hablando de peces con estrés?

El diputado Jorge Brito presentó la iniciativa para evitar el dolor y el trato cruel en la pesca industrial. Aunque la intención puede parecer noble, críticos en el Congreso señalan que esto añade una capa innecesaria de regulación.

Tomás de Rementería y Mauro González calificaron la propuesta de exagerada, argumentando que distrae de los problemas reales de la pesca y podría complicar la industria pesquera artesanal. González incluso ironizó sobre la posibilidad de necesitar etólogos en cada barco.

El debate continúa y plantea una pregunta: ¿hasta dónde debemos llevar la sensibilidad en las leyes de pesca? La respuesta podría redefinir el futuro de la industria en Chile.