Durante las Fiestas Patrias, muchos trabajadores en Chile se preguntan si es obligatorio recibir un aguinaldo por parte de sus empleadores. En el sector privado, no existe una ley que obligue a las empresas a entregar este beneficio. El aguinaldo solo es obligatorio si está estipulado en el contrato de trabajo o en un acuerdo colectivo. Sin embargo, en el sector público, sí se regula por la ley 21.050, estableciendo montos específicos que dependen del sueldo de los funcionarios.

Para los trabajadores del sector privado, el aguinaldo podría ser considerado un “derecho adquirido” si se ha entregado de manera constante durante varios años, aunque esta interpretación dependerá del contexto y podría requerir intervención judicial para su reconocimiento. El aguinaldo no es un derecho automático, sino un beneficio adicional que las empresas pueden decidir otorgar o no.  Según un estudio de Mercer Chile, el monto promedio del aguinaldo en empresas privadas será de $210.881 para este año. Otra encuesta de Randstad señala que un 37% de trabajadores recibiría entre $50.000 a $90.000, mientras que apenas un 9% espera obtener sobre $180.000.

Por otro lado, es importante que los trabajadores revisen sus contratos o acuerdos colectivos, ya que en algunos casos, la entrega de aguinaldo puede estar pactada explícitamente. Los empleadores que han entregado aguinaldo por varios años consecutivos deben estar atentos, ya que la jurisprudencia podría interpretarlo como un derecho adquirido para los trabajadores, generando potenciales conflictos laborales si se decide suspender dicho pago.

En conclusión, el aguinaldo no es un derecho garantizado por ley para el sector privado, salvo que esté formalmente acordado, mientras que en el sector público, su entrega está claramente regulada por las normas vigentes.

Ante la inminente amenaza de una nueva ola migratoria desde Venezuela, los diputados UDI Juan Manuel Fuenzalida y Felipe Donoso han solicitado al gobierno cerrar temporalmente la frontera norte de Chile. Los parlamentarios enfatizan la necesidad de proteger la seguridad del país y evitar una crisis humanitaria interna, considerando que la dictadura de Nicolás Maduro podría provocar que entre 200 mil y 300 mil venezolanos intenten ingresar a Chile.

La propuesta de los diputados surge en respuesta a la creciente incapacidad de las autoridades para gestionar la situación migratoria actual, con más de 20 mil extranjeros con órdenes de expulsión pendientes. Fuenzalida destacó que el cierre de la frontera es una medida crucial para prevenir un colapso del sistema social y de seguridad en las regiones del norte, ya afectadas por la delincuencia y el tráfico ilegal.

Felipe Donoso, por su parte, aseguró que el país no puede seguir aceptando un flujo migratorio descontrolado que pone en riesgo a los chilenos. “La prioridad debe ser siempre la protección de nuestros ciudadanos”, afirmó, reiterando la urgencia de tomar medidas inmediatas para reforzar la seguridad nacional y garantizar la paz en las comunidades fronterizas.

Ambos diputados hicieron un llamado al Ejecutivo a actuar con firmeza y rapidez, considerando que otros países de la región ya están tomando decisiones similares para controlar el flujo migratorio y proteger su soberanía.

El crecimiento económico de Chile se encuentra en uno de sus puntos más bajos en las últimas décadas. Basado en datos del IPoM del Banco Central (Instituto de Política Monetaria), la proyección de crecimiento según CLAPES UC para el gobierno de Gabriel Boric es de 1,7%, el más bajo desde el retorno a la democracia. Esta cifra contrasta con el 7,4% alcanzado durante el gobierno de Patricio Aylwin y el 5,4% en el primer mandato de Sebastián Piñera.

Este bajo rendimiento económico no es un fenómeno aislado. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, el crecimiento fue de un 3,5%, disminuyendo a 1,8% en su segundo mandato. Asimismo, Sebastián Piñera logró un 2,5% en su segundo período, casi duplicando la proyección actual del gobierno de Boric.

La falta de crecimiento económico trae consecuencias directas para los chilenos: menos empleos, menores ingresos para el Estado y menos recursos para políticas públicas que mejoren la calidad de vida. A diferencia de periodos anteriores, la actual administración enfrenta una tarea monumental para revertir esta tendencia y estimular la economía del país.

Con estas cifras en mente, el país debe reflexionar sobre las políticas económicas que se están implementando y buscar medidas que permitan un crecimiento sostenido, que genere empleo y mejores sueldos para todos los chilenos.